De Un Pajaro Las Dos Alas

PUERTO RICO: Olvidados por el gobierno
Por: Laura M. Quintero
El Vocero el 17 de marzo de 2018
Los manifestantes llegaron hasta La Fortaleza* para exigir un trato justo de las agencias hacia las 745,600 personas discapacitadas que viven en la Isla

Los manifestantes se bajaron uno a uno del autobús con rampa automática. Colocaron sus sillas de ruedas en la esquina de las calles Fortaleza y Del Cristo. No hicieron falta pancartas ni altoparlantes: bastaba con estar allí para hacer conscientes a los demás de las dificultades que enfrentan.

No fue una manifestación masiva ni ruidosa, pero llevaron en sus voces los reclamos de alrededor de 745,600 personas discapacitadas que hay en Puerto Rico.

• Piden un mejor servicio las personas con discapacidades

Residenciales públicos sin rampas para las sillas de ruedas, aceras con barreras peatonales, indisponibilidad del servicio de ama de llaves y un transporte colectivo incapaz de darles acomodo razonable son algunos de los reclamos de violación de derechos humanos que movieron a aquellos 13 hombres, una mujer y un niño con diversidad funcional a manifestarse ayer frente a los portones de La Fortaleza.

Los miembros de la Coalición Amplia para la Diversidad Funcional por la Igualdad, así como el Comité Timón de las Personas con Impedimentos y otras organizaciones hicieron una petición directa para reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló y solicitarle acción con la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) para fiscalizar y exigir el cumplimiento de las agencias con las leyes federales de Rehabilitación Vocacional y de Estadounidenses con Discapacidades.

¿Por qué tenemos que estar mendigando que nos ayuden?

Edwin Cintrón. presidente del Comité Timón de las Personas con Impedimentos

Las querellas presentadas ante la DPI (antes Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos) datan de hace casi dos décadas sin que se hayan atendido muchas de ellas. “En 30 años solo han llevado un caso legal por violación a las leyes que nos protegen”, denunció Edwin Cintrón, presidente del Comité Timón de las Personas con Impedimentos.

“Estamos en 2018 con una comisión cuasi judicial que puede tomar acciones legales... ¡y nos dejan solos! Esta oficina recibe fondos federales para nuestra defensa. ¿Por qué tenemos que estar mendigando que nos ayuden?”, cuestionó Cintrón.

Los manifestantes, quienes utilizan las ruedas de sus sillas como soporte, llegaron hasta allí en vehículos con rampas automáticas y se ubicaron en fila en la esquina de la calle Fortaleza. Los policías que custodian el palacio ejecutivo movieron sus barreras hacia atrás para permitirles un espacio cómodo y seguro para llevar su reclamo.

Agencias que les fallan.

En su misiva conjunta, los portavoces de estos grupos le notificaron al gobernador de las múltiples quejas que han recibido de violaciones a derechos de personas con diversidad funcional por parte de agencias gubernamentales, tales como la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. “A pesar de los avances que hemos tenido, las leyes y programas parecen letra muerta”, denunciaron.

El administrador de la Oficina del Gobernador, Luis Martínez Suárez, recibió la carta del grupo y quedó en coordinar una reunión en La Fortaleza para la semana próxima, con el compromiso de crear un plan de trabajo con las agencias. Asimismo, le comunicó al grupo que la mansión ejecutiva se está remodelando para crear rampas para sillas de ruedas, además de mandar a hacer mapas en braille para ofrecer a las personas ciegas durante los recorridos turísticos por el edificio.

Llamado a la Legislatura.

Los portavoces también comunicaron a EL VOCERO que solicitaron una reunión con los presidentes de Cámara y Senado y otros legisladores desde antes del huracán María (el 16 de julio de 2017), pero nunca se dio el encuentro ni la respuesta.

El listado de denuncias incluye unas 25 querellas pendientes ante la AMA por dejar a personas en sillas de ruedas sin transporte y abandonadas en las paradas, dado a que las rampas de las guaguas no están funcionales. Informaron, además, que Rehabilitación Vocacional no está aceptando casos nuevos y en las oficinas regionales se están denegando equipos de asistencia tecnológica necesarios para que los participantes puedan desempeñarse en el empleo.

Hay también querellas presentadas ante la DPI por faltas del Tren Urbano y por barreras arquitectónicas en los municipios, incluido un caso en Toa Alta que lleva más de 10 años pendiente de resolver.

“Solicitamos y exigimos que (el gobernador) se una en un frente común con la comisionada residente, representantes y senadores, para ir al Congreso con la intención de exigir trato igual para las personas con diversidad funcional en Puerto Rico”, puntualiza la carta a Rosselló.

* Residencia del gobernador colonial Pedro Roselló Nevares

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