De Un Pajaro Las Dos Alas

Declaraciones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sobre el retorno al trabajo y la constitucionalidad del toque de queda
26 de abril de 2020

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en reunión extraordinaria, celebrada el 22 de abril de 2020, autorizó a su presidente, Lcdo. Edgardo Manuel Román Espada, a hacer las expresiones públicas acordadas sobre la propuesta de retorno al trabajo y negocios, y la constitucionalidad del toque de queda.

Portavoces de diversas organizaciones empresariales han suscrito una carta a la gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, solicitando la adopción de un plan para la reactivación del sector industrial y comercial. La carta compromete a sus suscribientes al cumplimiento de protocolos y procesos para dar protección a trabajadores y consumidores. No obstante, la carta no hace referencia a consideraciones salubristas, tales como las estadísticas asociadas al contagio del virus COVID-19, las referentes al número de pruebas, ni a los seguimientos a personas contagiadas. Llama la atención que, tratándose de un asunto que compete no solamente al sector empresarial, sino también al laboral, esté ausente en el reclamo el parecer de los trabajadores y sus organizaciones, los sindicatos obreros.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que no forma parte de un sector u otro, como organización de la sociedad civil, sí tiene una posición en torno al reclamo hecho por el sector empresarial. Nuestra Junta de Gobierno se opone, en estos momentos, a iniciar una reapertura de negocios no esenciales.

Las estadísticas ofrecidas sobre los contagios del virus COVID-19 han estado en entredicho, al extremo de que se ha informado un importante error en la identificación de positivos al virus. El número de pruebas realizadas es mucho menor que en otras jurisdicciones con población similar a Puerto Rico. De hecho, hasta el pasado lunes, se habían hecho pruebas a 305 personas por cada 100 mil habitantes en la Isla, mientras que en la jurisdicción de los Estados Unidos con menor numero de pruebas por cada 100 mil habitantes, que fue Kansas, se habían hecho 664. En el caso del estado de Nueva York, donde el COVID-19 ha impactado de manera tan contundente, el numero de pruebas era 3,258 por cada 100 mil habitantes. En Puerto Rico, no se nos ha informado de un plan masivo de pruebas, ni tampoco de seguimientos suficientes a las personas contagiadas. Creemos que existe una incertidumbre en cuanto al número real de personas infectadas en el País, y, por tanto, del avance de los contagios, que aconseja no dar pasos de relajamiento en las medidas adoptadas hasta, que desde el punto de vista médico, salubrista y epidemiológico no se ofrezcan las garantías necesarias. Eso le compete al secretario de Salud de Puerto Rico determinarlo. Para nuestra institución, el criterio salubrista resulta esencial para la protección de vidas humanas.

Al presente, el grupo de trabajo o “Task Force Médico” designado por la gobernadora, por medio de su coordinador y el secretario de Salud, no han endosado la petición de los sectores empresariales y comerciales de reapertura de negocios.

Somos conscientes de las pérdidas de ingresos, ganancias, dividendos y salarios sufridos por dicho sector y la clase trabajadora por la pandemia y la política de distanciamiento. La abogacía no es la excepción. El levantamiento de las medidas de distanciamiento, en este momento, puede acarrear no solo la muerte, sino incluso, el tener que regresar más adelante a la misma situación de cierre de negocios por un repunte en los contagios. Ahora, más que levantar las medidas adoptadas en la protección de la salud pública ante esta pandemia, el Estado debe agilizar la entrega de ayudas económicas indispensables para atender las necesidades esenciales de la población, así como recurrir a los fondos públicos destinados al pago de la deuda, para destinarlos al pago de ayudas a trabajadores, empresas y negocios durante el periodo de emergencia.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que, previo a adoptar medidas como las propuestas por los firmantes de la petición de reapertura de negocios, se adopten precauciones para “expandir, entrenar y desplegar” a los trabajadores sanitarios; aplicar un sistema para localizar casos sospechosos en las comunidades; incrementar la “producción, capacidad y disponibilidad de las pruebas”; identificar, adaptar y equipar las instalaciones para el tratamiento y aislamiento; desarrollar un plan para procesar los contactos en cuarentena; y centrar las acciones en “suprimir y controlar” el virus.

Más aún, salubristas recomiendan que una vez cuando se produzca una disminución en la curva sobre el número de contagios, se aguarde una catorcena adicional, en la cual se vigile que no haya un repunte en el número de contagios. Es decir, que debe procederse con un gradual relajamiento en las medidas de distanciamiento social adoptadas.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico entiende que las medidas salubristas de distanciamiento social constituyen la pieza central para detener el contagio del virus COVID-19. La masificación de las pruebas, la limpieza y descontaminación de los lugares públicos, las medidas de higiene personal, la adquisición de equipo médico y la cuarentena de las personas infectadas son medidas igualmente importantes.

Preocupa, además, que el mecanismo para adoptar las medidas necesarias para atención de la emergencia se aleje y resulte contrario a los preceptos democráticos y constitucionales. El uso extraordinario de las órdenes ejecutivas para asuntos que requieren de legislación ha sido la norma desde que se decretó la emergencia. La gobernadora no cuenta con la facultad constitucional para imponer un toque de queda, muy similar a una ley marcial, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Tampoco, de imponer medidas de control que laceran derechos fundamentales y no resultan razonables para alcanzar un objetivo salubrista. Algunas disposiciones de las órdenes ejecutivas son ambiguas y contrarias a derecho o provocan un choque innecesario y ciertamente injustificado de las ramas constitucionales de gobierno. Es momento de que la Asamblea Legislativa asuma su rol constitucional y no abdique sus poderes y responsabilidades. Lo contrario constituye un peligroso accionar y precedente que atenta contra los valores democráticos en los cuales se funda nuestro principio republicano de gobierno. Jamás la existencia de un estado de emergencia y sus efectos debe llevarnos a adoptar medidas que agraven las condiciones bajo las cuales el mismo estado de emergencia se emite; como tampoco, en aras de implantar el mismo, se debe trastocar el necesario balance de poderes que tiene que prevalecer entre las tres ramas de gobierno existentes en nuestro País. Defenderemos los derechos fundamentales del pueblo, como lo son los promoventes de la vida y salud, los que propendan a un sistema político construido sobre una base plenamente democrática, así como la promoción del bienestar general “y de asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos”.

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